El 27 de junio de 1989, la Organización Internacional del Trabajo,(OIT), aprobó el Convenio 169, convirtiéndose en un instrumento jurídico para la protección de los pueblos indígenas.

Sin embargo, la ausencia de un auténtico aporte indígena a esta iniciativa de ley que presentó el gobierno hondureño es notorio. Esta propuesta es ilegítima, según los representantes de las comunidades que llegaron a plantarse al CN.

El pasado 15 de enero de 2020, en una nota informativa del sitio web del Congreso Nacional se publicó que “La Comisión Especial que dictamina el proyecto de Ley de Consulta Libre, Previa e Informada, que preside el diputado Óscar Nájera, sostuvo una reunión con representantes de los pueblos indígenas y afro hondureños con quienes socializó esta iniciativa que busca dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas”.

De allí que las organizaciones indígenas le han denominado la Ley Nájera, y portaban pancartas con mensajes que decían “No a la Ley Nájera, falsa Ley de consulta previa”.

Al respecto de lo que se denomina falsa consulta, la diputada por el Partido Libertad y Refundación,(Libre), Olivia Zúniga Cáceres, denunció que no fue integrada a la comisión de dictamen por lo que tuvo que meterse a la fuerza a las reuniones , “ realmente son algunos grupos afines al Partido Nacional y a los intereses de los grupos fácticos, quizás gente que desconoce o poco le importa el trasfondo de este nuevo acto de despojo promovido por las estructuras criminales que asesinaron a Berta Cáceres”, argumentó.

No lo vamos a permitir

Miriam Miranda, Coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANEH, expresó a pasosdeanimalgrande.com que se pretende entregar el futuro del pueblo garífuna “y no lo vamos a permitir.”

Añadió que son los pueblos milenarios que existen antes de la república, que deben ser consultarlos "y no hacer componendas con 20 personas afines al Congreso Nacional".

Miranda exigió al parlamento que cumpla con la sentencia de la Corte Interamericana de Derecho Humanos, “estamos en el derecho de impulsar nuestro propio proceso de consulta y el Estado está obligado a aceptarlo”.

También la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras,(COPINH), Berta Zúñiga, dijo que en el lugar se encontraban los históricos representantes de los pueblos originarios, desmintiendo al diputado Oscar Nájera, porque ellos no apoyan esa iniciativa de ley y están en contra porque les da vía libre a los proyectos extractivistas y al reconocer esta propuesta se violentarían los derechos legítimos de los pueblos ancestrales.

Para Zúñiga la propuesta de Ley implica la instalación de la violencia porque las comunidades se resistirán ante ella por lo cual significaría la legalización de los saqueos de los recursos naturales y el despojo.

El diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata, PINU-SD, Tomás Ramírez, expresó estar de acuerdo con la protesta porque si no se toma en cuenta a quienes representan las comunidades no están en nada “esta ley debe ser consensuada con todos los pueblos indígenas y verdaderos representantes de las comunidades, no con aquellos que fueron seleccionados por los diferentes grupos de poder del país, finalizó.

Falencias del anteproyecto de Ley

Las denuncias constantes de OFRANEH y el COPINH, llamó la atención internacional y propició la visita de Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, en el año 2016 para informarse sobre las denuncias alrededor de la Anteproyecto de Ley Marco de consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas y afrohondureños (Honduras).

En su informe destacó sobre los talleres de socialización del anteproyecto que “la participación indígena en estos talleres estuvo limitada a ciertas organizaciones indígenas, lo que resultó en la exclusión de varias organizaciones, especialmente las vinculadas al Observatorio de los Derechos de los Pueblos Indígenas..”.

En cuanto a la violencia que generan los proyectos extractivistas , la relatora sentenció que la efectiva implementación de la consulta previa en Honduras es necesaria, junto con otras medidas para proteger y garantizar los derechos de los pueblos indígenas, para prevenir futuros casos de violaciones del deber de la consulta y los consiguientes conflictos sociales y sucesos de violencia.

La efectiva implementación de la consulta previa también conlleva reformas del aparato gubernamental y del ordenamiento jurídico de manera tal que existan instituciones estatales que velen por el cumplimiento del derecho a la consulta previa y que existan procedimientos legales, administrativos, políticos o de otra índole para que los pueblos indígenas puedan hacer valer este derecho, que es una pieza clave para salvaguardar otros derechos fundamentales de los pueblos indígenas, agregó en sus conclusiones sobre el anteproyecto de Ley.

Lea en detalle las conclusiones del informe de la relatora en este link